ASBA cuestiona la "estabilidad" vendida por el Gobierno de Valsequillo

El grupo político ASBA–Primero Canarias en Valsequillo ha emitido un comunicado en el que cuestiona la versión ofrecida por el actual grupo de gobierno sobre la supuesta recuperación de la estabilidad institucional tras el nombramiento de nuevos responsables en la Secretaría y la Tesorería municipal. La formación sostiene que es necesario “evitar confusión en la ciudadanía” y matiza varios aspectos relativos a los nombramientos y a la situación económica del Ayuntamiento.

Nombramientos provisionales, según ASBA

ASBA señala que las personas designadas para la Secretaría y la Tesorería no son habilitados nacionales de carrera, sino funcionarios interinos procedentes de una lista de reserva. Según explica el comunicado, este sistema se activa cuando la corporación no propone funcionarios previamente seleccionados.

La formación añade que “no hay personal del Ayuntamiento que haya querido desempeñar estos puestos” y asegura que, en los casos en que se han producido ofrecimientos para cubrir sustituciones, el actual grupo de gobierno los habría desestimado.

Salida del tesorero a Agaete

En relación con el traslado del anterior tesorero al Ayuntamiento de Agaete, ASBA afirma que la autorización fue firmada por el actual alcalde, Juan Carlos Hernández Atta, tras la moción de censura. Reconoce que el funcionario ya había manifestado con anterioridad su intención de trasladarse y que, durante el mandato previo, no se puso impedimento si esa era su voluntad.

Situación económica y facturas pendientes

El comunicado insiste en que el Ayuntamiento “no tiene deuda”. Según la formación, las facturas pendientes de aplicación a las que se ha hecho referencia públicamente no constituyen endeudamiento, sino pagos derivados de la gestión administrativa que estaban en proceso de tramitación.

ASBA recuerda que el expediente fue iniciado en Intervención y culminó con un reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de 1,8 millones de euros, aprobado y abonado en el plazo de una semana. A su juicio, este hecho demostraría la solvencia económica municipal y la capacidad de atender obligaciones.

Asimismo, subraya que los pagos pendientes no obedecen a falta de liquidez, sino a retrasos administrativos, y advierte de que confundir ambos conceptos “genera alarma innecesaria”.

Alerta sobre 1,9 millones de euros de 2025

La formación pone el foco en lo que considera la situación más preocupante: la existencia, según sus datos, de 1,9 millones de euros en facturas correspondientes a gastos corrientes del ejercicio 2025 que aún no han sido tramitadas.

ASBA sostiene que estos importes deberán ser reconocidos extrajudicialmente en 2026, lo que condicionaría la gestión del próximo ejercicio. Añade que, conforme al Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería municipal aprobado por Decreto de Alcaldía el 5 de octubre de 2023, los responsables técnicos deberán priorizar el pago de las obligaciones más antiguas. A su juicio, esta circunstancia podría complicar la gestión ordinaria y la prestación de servicios esenciales.

Críticas al modelo de gestión

En cuanto al anunciado “nuevo modelo de gestión”, ASBA considera que la realidad no se ajusta al relato oficial. Afirma que compromisos asumidos en la moción de censura no se han materializado y que áreas como contratación, urbanismo, desarrollo local e intervención se encuentran paralizadas.

El comunicado también menciona la celebración de eventos de gran repercusión pública, como la Ruta del Almendrero en Flor, señalando que no constaría la contratación de servicios en los términos legales exigidos, lo que —según la formación— podría generar riesgos para la seguridad jurídica del Ayuntamiento.

Petición de rigor y transparencia

ASBA–Primero Canarias concluye solicitando “rigor y transparencia” en la información trasladada a la ciudadanía. La formación sostiene que no puede hablarse de estabilidad institucional mientras, a su entender, persiste la provisionalidad en plazas clave y se mantienen facturas sin tramitar de ejercicios anteriores.

El grupo insta al gobierno local a ofrecer información veraz y a garantizar una gestión responsable de los recursos públicos.