Valsequillo paga 1,74 millones "heredados" del anterior gobierno

El Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria ha culminado este mes de junio uno de los compromisos económicos prioritarios asumidos por el actual grupo de gobierno tras la moción de censura del pasado noviembre: la liquidación de la deuda con proveedores heredada del anterior mandato de ASBA-CC, que ascendía a 1.740.454 euros.

El ejecutivo local defiende que el pago de estos importes pendientes supone un paso decisivo para recuperar la estabilidad financiera de la institución y restablecer la confianza con empresas y autónomos, muchos de ellos del propio municipio, que durante años habrían seguido prestando servicios sin percibir el abono correspondiente.

El alcalde de Valsequillo, Juan Carlos Hernández Atta, ha defendido la prioridad de esta actuación al entender que el Ayuntamiento no podía seguir manteniendo impagos a empresas que continúan sosteniendo servicios esenciales.

“Las empresas que prestan sus servicios a este ayuntamiento, muchas de ellas radicadas en Valsequillo, tienen todo el derecho a cobrar por los trabajos realizados. No podíamos permitir que siguieran asumiendo el coste de la parálisis anterior”, sostuvo el regidor.

Un trabajo técnico para rescatar más de 600 facturas

La regularización de esta deuda ha requerido, según el gobierno municipal, un complejo proceso administrativo liderado por el área de Intervención, que entre noviembre de 2025 y marzo de 2026 elaboró hasta cinco expedientes de Omisión de Función Fiscalizadora (OFI).

Estos procedimientos han permitido validar jurídicamente más de 600 facturas que, según el actual ejecutivo, el anterior grupo de gobierno había dejado sin tramitar pese a corresponder a servicios ya ejecutados.

El Ayuntamiento sostiene que gracias a este mecanismo legal se ha logrado abonar prácticamente la totalidad de los pagos pendientes, quedando únicamente unas 30 facturas sin liquidar temporalmente por presentar defectos de forma, incidencias que esperan resolver en breve para completar definitivamente el proceso.

Navarro acusa al anterior gobierno de dejar facturas “en los cajones”

El concejal de Economía y Hacienda, Víctor Navarro, ha respondido además a las recientes críticas formuladas desde la oposición sobre supuestos retrasos en pagos corrientes, responsabilizando directamente al anterior gobierno municipal de la situación financiera encontrada.

“Paco Atta sabe perfectamente que, por estricto procedimiento legal, hasta que no pagásemos y liquidásemos la deuda millonaria que él mismo nos dejó, no podíamos afrontar plenamente la tesorería derivada de los servicios actuales”, afirmó Navarro.

El edil asegura que, una vez superado este “lastre económico”, el Ayuntamiento centrará ahora sus esfuerzos en normalizar los pagos del ejercicio vigente.

No obstante, el responsable de Hacienda también ha destapado otro dato especialmente delicado: más de 150.000 euros en facturas han quedado prescritas administrativamente, al haberse superado el plazo legal de reclamación de cuatro años.

Según denuncia el gobierno local, algunos de estos expedientes se remontan incluso a 2013, lo que obligará ahora a las empresas afectadas a acudir a la vía judicial mediante reclamaciones por enriquecimiento injusto si desean recuperar los importes adeudados.

“Esta es una muestra más de una forma de gestión arbitraria que dejó a muchas empresas desprotegidas, acumulando facturas impagadas durante años”, criticó Navarro.

Debate sobre transparencia y el período medio de pago

El ejecutivo municipal admite que el reconocimiento de este volumen de deuda atrasada tendrá un impacto inmediato en el Período Medio de Pago a Proveedores (PMPP) del Ayuntamiento, indicador económico que previsiblemente registrará un repunte.

Sin embargo, Navarro defendió que esta situación responde precisamente a una política de transparencia frente a lo que calificó como una práctica de “maquillaje” en etapas anteriores.

“No vamos a esconder ni a dejar facturas sin contabilizar para mejorar artificialmente los indicadores”, afirmó el concejal, quien subrayó que los datos económicos del primer trimestre ya se encuentran publicados en el Portal de Transparencia Municipal.

El grupo de gobierno sostiene que este cambio de rumbo económico se acompaña además de una mayor apuesta por los procedimientos de contratación ajustados a la ley, abandonando, según defienden, prácticas basadas en encargos verbales o trabajos sin respaldo presupuestario formal.

Recuperar la confianza institucional

El pago de esta deuda constituye, según el gobierno de Juan Carlos Hernández Atta, un paso clave para restaurar la credibilidad del Ayuntamiento y volver a generar confianza entre proveedores que, debido a los elevados niveles de morosidad, habían dejado de trabajar con la administración local.

“No tenemos una varita mágica para acabar con los problemas, pero a base de trabajo, orden y procedimientos rigurosos, los resultados irán llegando”, recordó el alcalde, evocando el compromiso adquirido durante su toma de posesión tras la moción de censura.

El Ayuntamiento confía ahora en que esta regularización permita planificar con mayor rigor los próximos ejercicios económicos y consolidar una nueva etapa de estabilidad financiera en el municipio.