POLÍTICA
Valsequillo visibiliza la protesta de 'Vivienda por Derecho' para acceder a la propiedad de las viviendas
La plataforma asegura que unas 10.000 familias reclaman que se cumplan los compromisos que atribuye al Gobierno de Canarias desde 1999 y 2003

El Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria se ha hecho eco de la movilización celebradas estas semanas ante el Edificio de Usos Múltiples II, en Las Palmas de Gran Canaria, por representantes de familias de viviendas públicas de Valsequillo, Lomo de Los Frailes y Jinámar. La protesta se desarrolló bajo el lema "Llevamos 30 años cumpliendo nuestras obligaciones y el Gobierno de Canarias no cumple las suyas".
La plataforma Vivienda por Derecho sostiene que la reclamación afecta a unas 10.000 familias y pide que quienes ocupan estas viviendas desde hace décadas puedan acceder a su propiedad. El Ayuntamiento señala que entre los participantes se encuentran vecinos de Valsequillo integrados en el colectivo, aunque la reivindicación abarca también promociones situadas en otros puntos de Gran Canaria.
Los afectados afirman que la Administración autonómica asumió por escrito en 1999 y 2003 compromisos para facilitar la compraventa de estas viviendas protegidas. La plataforma considera que aquellos documentos reconocían la posibilidad de acceder a la propiedad y reclama que las condiciones planteadas entonces sean respetadas por el Gobierno de Canarias.
El colectivo señala que las familias han recibido recientemente comunicaciones para continuar abonando el alquiler en régimen de arrendamiento y expresa su preocupación por los efectos que puedan tener los cambios normativos sobre sus aspiraciones de compra. "No pedimos que nos regalen nada. Reclamamos nuestro derecho a acceder a la propiedad tal y como se nos planteó", defiende Vivienda por Derecho.
El Ayuntamiento de Valsequillo respalda la difusión de la protesta y presenta la reclamación de sus vecinos como una demanda que debe ser atendida por la Administración autonómica. La plataforma mantiene su petición de que se revise la situación de estas viviendas y se aclare el alcance de los compromisos que asegura que fueron asumidos hace más de dos décadas.










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