El absentismo no puede ser la coartada

En las últimas semanas estamos asistiendo a un debate artificial sobre el absentismo laboral que empieza a adquirir unas dimensiones preocupantes. No porque no sea necesario hablar de las ausencias en el trabajo, de sus causas y de sus consecuencias. Debemos hacerlo. Lo preocupante es que un asunto complejo, que exige rigor, diálogo y responsabilidad, termine reducido a una campaña que coloca bajo sospecha a las personas trabajadoras y, de paso, cuestiona a los profesionales sanitarios que determinan cuándo una persona no está en condiciones de trabajar. Porque absentismo no es lo mismo que estar enfermo. No podemos mezclar ambas cuestiones. 

 

Desde UGT Canarias no vamos a aceptar ese planteamiento.

 

El absentismo y las incapacidades temporales, incluyendo los accidentes laborales, deben abordarse allí donde corresponde: en el marco del diálogo social, la negociación colectiva y la prevención de riesgos laborales. Para eso existen las mesas de concertación entre Gobierno, organizaciones empresariales y sindicatos. Son esos espacios los que deben servir para analizar las causas, acordar conceptos, estudiar los datos y plantear soluciones. Convertir el absentismo en un arma arrojadiza no soluciona absolutamente nada.

 

La patronal parece haber colocado sobre el tablero dos fichas que utiliza de manera recurrente: absentismo y productividad. Dos cuestiones legítimas para cualquier debate laboral, siempre que no se conviertan en una cortina de humo para evitar hablar de salarios, condiciones de trabajo, prevención de riesgos, salud laboral, organización del trabajo o calidad del empleo.

 

Porque detrás de una baja laboral hay una persona. Y antes de preguntarnos cómo conseguimos que vuelva cuanto antes a su puesto de trabajo, quizá deberíamos preguntarnos por qué enfermó y que incidencia tiene en ello los entornos laborales tóxicos.

 

Estar de baja no es estar de vacaciones

Conviene recordar algo elemental: una incapacidad temporal no es una decisión caprichosa del trabajador. Existe porque un profesional sanitario, un facultativo formado y colegiado, ha determinado que, por razones de salud, esa persona no puede desempeñar temporalmente su actividad laboral.

 

Sin embargo, estamos entrando en un terreno peligroso cuando se pretende instalar socialmente la idea de que las bajas son sospechosas por definición, que los trabajadores abusan del sistema o que los médicos las conceden con excesiva facilidad.

 

No compartimos esa generalización.

 

Y mucho menos aceptamos que se busquen cabezas de turco entre los profesionales sanitarios señalando determinados centros de salud o zonas concretas porque presentan un mayor número de procesos de incapacidad temporal. Hacer eso es indigno, condenable y habla más de la persona que realiza ese señalamiento que del profesional que emite una baja.

 

Los datos necesitan contexto.

No tiene sentido comparar territorios, centros de salud o poblaciones sin analizar previamente su composición socioeconómica, edad, ocupaciones predominantes y condiciones laborales. Un área con una elevada concentración de trabajadores de la construcción, hostelería, limpieza, comercio, transporte o actividades físicamente exigentes no tiene necesariamente la misma realidad laboral que otra donde predominen actividades profesionales menos expuestas a determinados riesgos.

 

Pretender extraer conclusiones únicamente contando bajas puede conducir a diagnósticos profundamente equivocados y parte de postulados directamente subjetivos, en el mejor de los casos, o abiertamente anticientíficos. 

 

Hablemos también de la sanidad pública

Existe además una contradicción que no podemos ignorar. Se pone el foco sobre las personas que permanecen de baja durante semanas o meses, pero se habla mucho menos de cuánto tiempo esperan esas mismas personas para recibir una prueba diagnóstica, una intervención quirúrgica, rehabilitación o la atención especializada necesaria para recuperarse.

 

Canarias tiene un problema con las listas de espera sanitarias. Y ese problema no afecta exclusivamente a las estadísticas del sistema público de salud: también tiene consecuencias laborales y económicas.

 

Una persona que espera una operación no deja de necesitar esa operación porque tenga un contrato de trabajo. Un trabajador que espera rehabilitación tampoco recupera antes su capacidad laboral porque alguien considere excesiva la duración de su baja.

 

Si realmente queremos reducir determinados procesos de incapacidad temporal, reforcemos la sanidad pública, aceleremos diagnósticos, intervenciones y tratamientos y mejoremos la prevención en las empresas. 

 

Eso sí sería atacar las causas. Las competencias en Sanidad están en manos del Gobierno de Canarias, quizá no es casualidad que el Ejecutivo regional esté comprando los argumentos de la patronal, con el fin de descargar la culpa en los trabajadores y no es su incapacidad para gestionar esas listas de espera.

 

Resulta mucho más sencillo señalar al trabajador que preguntarse por qué enfermó, cuánto está tardando en ser atendido o qué condiciones existen en su puesto de trabajo.

 

Las mutuas tienen su función, pero no pueden sustituir al sistema público

UGT tampoco comparte que la respuesta pase por entregar la gestión de las bajas laborales a las mutuas.

 

Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social tienen unas competencias y una función determinada dentro de nuestro sistema. Esa función debe respetarse.

 

Cualquier modificación de su papel debe discutirse y negociarse dentro de los mecanismos establecidos de diálogo social y negociación colectiva. No puede utilizarse el debate sobre el absentismo como vía para desplazar progresivamente hacia las mutuas competencias que corresponden al sistema público.

 

Los sindicatos estamos dispuestos a discutir cómo mejorar los mecanismos existentes. También a hablar de prevención, reincorporaciones, salud laboral, organización del trabajo y utilización eficiente de los recursos.

 

Pero negociar significa precisamente eso: negociar, no imponer

 

Canarias no es una enorme multinacional

También debemos tener en cuenta nuestra estructura empresarial. El tejido productivo canario está formado fundamentalmente por pequeñas y medianas empresas y microempresas. En muchas de ellas existe una relación directa entre trabajadores y empresarios.

 

La idea de miles de empleados desapareciendo anónimamente dentro de gigantescas organizaciones donde nadie sabe quién está trabajando y quién está de baja tiene poco que ver con buena parte de nuestra realidad empresarial. 

 

Además, actualmente existen mecanismos telemáticos de comunicación de los procesos de incapacidad temporal. Pretender movilizar recursos públicos para recordar de manera generalizada obligaciones o circunstancias que ya forman parte del funcionamiento ordinario del sistema merece, como mínimo, una reflexión sobre su utilidad.

 

Los recursos públicos son limitados. Utilicémoslos donde realmente hacen falta.

 

La prevención es el debate que estamos dejando atrás

Hay una pregunta que debería ocupar mucho más espacio: ¿qué estamos haciendo para evitar que las personas enfermen como consecuencia de su trabajo?

 

Hablemos de riesgos psicosociales. De sobrecarga de trabajo. De jornadas. De descansos. De conciliación. De accidentes laborales. De enfermedades profesionales. De envejecimiento de las plantillas. De salud mental. De ergonomía. De temperaturas extremas. De organización del trabajo y de los entornos tóxicos que generan. Hablemos, en definitiva, de prevención.

 

Porque una política eficaz contra el absentismo no puede consistir exclusivamente en controlar al trabajador cuando ya está enfermo. Debe empezar mucho antes, evitando que enferme.

 

Y ahí las empresas tienen también responsabilidades. No puede reclamarse constantemente responsabilidad a trabajadores, médicos y administraciones mientras las condiciones laborales quedan fuera del análisis.

 

El diálogo social tiene límites

UGT Canarias está en las mesas de concertación para negociar. Creemos en el diálogo social y lo hemos demostrado durante décadas.

 

Pero el diálogo social exige lealtad entre las partes. Si mientras sindicatos, patronales y Gobierno estamos intentando alcanzar acuerdos, se opta paralelamente por alimentar públicamente la sospecha sobre trabajadores y profesionales sanitarios, estaremos desvirtuando el propio espacio de negociación.

 

Nuestro objetivo debería ser compartido: definir correctamente qué entendemos por absentismo, conocer sus causas reales, mejorar la prevención de riesgos laborales, reducir los tiempos de recuperación y conseguir entornos de trabajo más seguros y saludables.

 

Si ese es el terreno, UGT estará en la mesa. Si el objetivo pasa a ser intimidar, culpabilizar o buscar cabezas de turco, será mucho más difícil mantener ese espacio de entendimiento. Y nuestro posicionamiento será radicalizar nuestro propio discurso y nuestra oposición ante estos ataques abominables. 

 

No queremos levantarnos de ninguna mesa. Queremos que las mesas sirvan para algo.

 

El trabajador enfermo no es el enemigo

Canarias necesita mejorar su productividad. Necesita reducir la siniestralidad laboral. Necesita empresas competitivas. Necesita una sanidad pública capaz de responder con mayor rapidez. Y necesita reducir aquellas situaciones de incapacidad temporal que puedan evitarse mediante una mejor prevención y una atención sanitaria más ágil.

 

Pero existe una línea que UGT Canarias no está dispuesta a cruzar: convertir al trabajador enfermo en sospechoso.

 

La inmensa mayoría de las personas quiere trabajar, conservar su empleo, cobrar su salario y desarrollar su vida con normalidad. Cuando alguien enferma, nuestro objetivo como sociedad debería ser que recupere su salud y pueda reincorporarse a su puesto de trabajo en las mejores condiciones posibles.

 

No señalarlo, no intimidarlo... Y mucho menos enfrentar a trabajadores y médicos (también trabajadores) para ocultar problemas que tienen raíces mucho más profundas.

 

Si queremos hablar seriamente de absentismo, hagámoslo. Pero hablemos de todo.

 

De sanidad pública. De listas de espera. De prevención. De condiciones laborales. De salarios. De organización del trabajo. De riesgos psicosociales. De productividad. De responsabilidad empresarial. Del papel de las mutuas. Y también, por supuesto, de las obligaciones de las personas trabajadoras.

 

Eso es diálogo social.

 

Lo demás corre el riesgo de convertirse simplemente en una campaña para encontrar culpables. UGT Canarias no va a participar en ella.

 

Manuel Navarro es secretario general de UTG Canarias.