Valsequillo queda sin tesorero tras la marcha del habilitado nacional

El nuevo grupo de gobierno del Ayuntamiento de Valsequillo ha dejado al municipio sin tesorero municipal, tras autorizar la salida del único funcionario habilitado nacional que ocupaba la plaza en propiedad. Así lo denuncia ASBA–Primero Canarias, formación liderada por Francisco Atta, que advierte de las consecuencias que esta situación puede tener para la estabilidad financiera del consistorio.

Una decisión que rompe el discurso del pasado
La formación recuerda que, durante la oposición, los actuales responsables municipales insistían en la necesidad de contar con habilitados nacionales en los principales órganos de control económico y jurídico. Sin embargo, acusan al ejecutivo local de actuar ahora en sentido contrario al permitir el traslado del tesorero a otro municipio.

Plazas técnicas vacantes sin cubrir
ASBA–Primero Canarias cuestiona además la falta de avances en la cobertura de las plazas técnicas vacantes. Sostiene que, cuando estaban en la oposición, los actuales dirigentes alertaban de que esta carencia suponía un riesgo para la seguridad jurídica, la correcta tramitación administrativa y la adecuada gestión de los recursos públicos.

Un gobierno en contradicción
Para la formación, el nuevo gobierno —integrado por ASAVA, El Cambio Necesario, Por Valsequillo y una concejala no adscrita— ha adoptado decisiones que contradicen los mensajes que defendían antes de acceder al poder, afectando a la estabilidad institucional del Ayuntamiento.

Renuncia a la auditoría económica anunciada
ASBA–Primero Canarias denuncia además que el alcalde, Juan Carlos Hernández, ha renunciado “de facto” a la auditoría económica que anunció como una de sus primeras medidas tras tomar posesión. La formación asegura que, una vez analizada la situación financiera, esta no coincide con el supuesto escenario de ruina que se difundió públicamente durante la etapa anterior.

Promesa política sin compromiso real
A juicio de ASBA–Primero Canarias, la renuncia a la auditoría confirma que aquella promesa se utilizó como un recurso político y no como un verdadero compromiso con la transparencia. Añaden que este giro evidencia la falta de rigor del gobierno municipal en materia económica y en su relación con la ciudadanía.